Las subas de impuestos de Pedro Sánchez hundieron a España al puesto 34 en el índice de competitividad fiscal internacional
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Las subidas de impuestos de Pedro Sánchez hundieron a España al puesto 34 en el índice de competitividad fiscal internacional
Desde 2018 el Gobierno socialista llevó adelante un arsenal de aumentos impositivos sobre las transacciones financieras, los ingresos directos, servicios digitales, bancos, energía e incluso sobre los patrimonios. El país todavía no se recupera del shock por la pandemia en 2020.
El sablazo impositivo desplegado por el socialismo de Pedro Sánchez condujo a España a una situación de estancamiento secular y pérdida de competitividad. Los sucesivos aumentos de impuestos no cesaron incluso a pesar del shock que provocó la pandemia en 2020, cuando en general las economías desarrolladas prefirieron no subir impuestos sin importar el signo político de turno.
Sin lugar a dudas España no fue el caso. El Gobierno de Sánchez subió la tasa marginal más alta del impuesto a los ingresos directos (IRPF) del 45% al 47% con vigencia a partir de 2021 (aún en plena pandemia). Se dispuso una nueva tasa especial en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para bebidas azucaradas.
En octubre de 2020 Sánchez aprobó el impuesto sobre los servicios digitales (IMD), un gravamen del 3% sobre todos los servicios imponibles operando en España como por ejemplo los que brinda Google, Amazon, Apple, etc. Esto produjo un aumento prácticamente automático en los costos de las empresas españolas, que cuentan con un alto grado de digitalización.
A partir de enero de 2021 el socialismo introdujo el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), que aplica una tasa del 0,2% sobre la compra y venta de acciones en la bolsa. Son gravadas todas aquellas transacciones realizadas con títulos emitidos por empresas de nacionalidad española que cotizan en mercados regulados, y siempre y cuando su capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros.
Desde principios de 2022 el Gobierno socialista promulgó un impuesto a las ganancias extraordinarias de dos años para los bancos y las empresas de energía, con tasas de entre el 1,2% y el 3,5% aplicadas sobre cualquier ganancia nominal en estas empresas que fueran mayores a las que declararon en el año 2019 (el Gobierno no ajustó los montos por la tasa de inflación en el período comprendido).
Como si todo esto no fuera suficiente, se aprobó el llamado “Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas” con vigencia a partir de 2023, una medida casi calcada del Impuesto a la Riqueza creado por el kirchnerismo en Argentina en el año 2020. Al igual que en Argentina, este impuesto se superpuso con el ya muy elevado gravamen sobre el patrimonio, y convirtió a España en un verdadero infierno fiscal para el asentamiento de capitales.
Para los montos superiores a los 10 millones de euros el recargo espacial sobre el patrimonio alcanza al 3,5%, y considerando que el promedio de la tasa impositiva patrimonial en las Comunidades Autónomas es el 3%, la tasa consolidada llegaría al 6,5% y es una de las más altas del mundo.
Estas medidas rápidamente impactaron en la competitividad del país. De acuerdo al indice de competitividad fiscal de la tax foundation, España cayó del puesto 26 al 34 sobre una muestra de 38 países seleccionados. Se trata de uno de los peores registros para el país desde que se lleva a cabo la medición.
Bajo el socialismo, España se ve relegada a ocupar los peores puestos de competitividad fiscal de Europa, solo por detrás de Portugal, Italia y Francia, siendo este último país el que peor puntaje mantiene de entre todos los relevados por la fundación.
